Alıntılar
bre la capacidad de progreso moral de la sociedad, pero sí he creído en el progreso social […]. Ahora también dudo de ello”.
La responsabilidad de los intelectuales parte de una opción moral: combatir la injusticia, los privilegios, las exclusiones y la degradación del mundo. Un destacado economista marxista, el estadounidense Paul A. Baran, escribió en la década de 1960 lo que entendía por responsabilidad intelectual: “Podría demostrar como economista el efecto positivo que tendría para el crecimiento y el bienestar de un país la escolarización universal de los niños y la posibilidad para todos de poder optar a estudios superiores. Pero rechazo esta explicación. El acceso de todos a la educación es un derecho humano básico, no necesita de argumentos económicos”.4 Lo mismo podemos decir de los derechos que configuran el “derecho a la ciudad” como derecho integrador de la vivienda, la movilidad, el espacio público, la centralidad, el salario ciudadano, la formación continuada, la igualdad político-jurídica de todos los residentes, el gobierno de la ciudad real o metropolitano, la participación ciudadana, etc.
La responsabilidad de los intelectuales no se reduce a una toma de posición moral, sino que exige al menos tres tipos de ejercicio de dicha responsabilidad: en primer lugar, no solo contribuir con estudios, publicaciones o proyectos a las dinámicas perversas urbanas, sino también desarrollar una actividad crítica permanente; segundo, utilizar sus conocimientos para entender y explicar los mecanismos y las contradicciones que generan dichas dinámicas y participar en las reacciones sociales de los que se oponen a estas; y, en último lugar, contribuir a la elaboración de propuestas reformadoras de los mecanismos pervers
La responsabilidad de los intelectuales parte de una opción moral: combatir la injusticia, los privilegios, las exclusiones y la degradación del mundo. Un destacado economista marxista, el estadounidense Paul A. Baran, escribió en la década de 1960 lo que entendía por responsabilidad intelectual: “Podría demostrar como economista el efecto positivo que tendría para el crecimiento y el bienestar de un país la escolarización universal de los niños y la posibilidad para todos de poder optar a estudios superiores. Pero rechazo esta explicación. El acceso de todos a la educación es un derecho humano básico, no necesita de argumentos económicos”.4 Lo mismo podemos decir de los derechos que configuran el “derecho a la ciudad” como derecho integrador de la vivienda, la movilidad, el espacio público, la centralidad, el salario ciudadano, la formación continuada, la igualdad político-jurídica de todos los residentes, el gobierno de la ciudad real o metropolitano, la participación ciudadana, etc.
La responsabilidad de los intelectuales no se reduce a una toma de posición moral, sino que exige al menos tres tipos de ejercicio de dicha responsabilidad: en primer lugar, no solo contribuir con estudios, publicaciones o proyectos a las dinámicas perversas urbanas, sino también desarrollar una actividad crítica permanente; segundo, utilizar sus conocimientos para entender y explicar los mecanismos y las contradicciones que generan dichas dinámicas y participar en las reacciones sociales de los que se oponen a estas; y, en último lugar, contribuir a la elaboración de propuestas reformadoras de los mecanismos pervers
Sin olvidar que, tal como ha defendido y sigue defendiendo el feminismo, lo personal es siempre político y, por tanto, la creación de espacios para las relaciones entre las personas tiene, necesariamente, relación con la política.
En este libro se entiende la política en un sentido amplio, donde se incorporan también las relaciones de dominio social, cultural, sexual y económico, unas relaciones extremadamente complejas, como una multitud de finas capas que se interrelacionan e interactúan y, a menudo, se esconden unas detrás de otras
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