«En las décadas recientes, el papel del Estado frente a la economía se ha transformado: ha dejado de ser el proveedor de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades básicas de la población para convertirse en el garante de su suministro por parte de los particulares, reservándose el papel de árbitro de la relación generada entre el mercado y la sociedad civil. De esta manera, se ha producido un tránsito del Estado intervencionista al Estado regulador. En el caso colombiano, la decisión política de llevar a cabo ese tránsito fue formalizada como parte del Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP), para cuya concreción se requería disponer de un diseño institucional apropiado, cuyas líneas definitorias se establecieron en el Marco conceptual para reformar y consolidar el esquema institucional de regulación y control de la actividad empresarial y en el documento Visión Colombia Segundo Centenario.»
